Lançado novo livro sobre Extensão Rural e Agroecologia

Acaba de ser publicado o livro intitulado EXTENSÃO RURAL E AGROECOLOGIA: para um novo desenvolvimento rural, necessário e possível, organizado pelo doutor Francisco Roberto Caporal, professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco. O livro, com 503 páginas, está organizado em cinco capítulos, cujos textos foram escritos pelo Organizador Francisco Caporal e/ou em parceria com outros autores: José Antônio Costabeber (in memoriam), Adriana Calderan Gregolin, Daiane Soares Caporal, Gervásio Paulus e Ladjane de Fátima Ramos.

O primeiro capítulo, trata sobre Extensão Rural e é composto por oito artigos, escritos em diferentes épocas e contextos históricos da Assistência Técnica e Extensão Rural no Brasil e no Rio Grande do Sul. Tais artigos versam sobre diferentes temas, que vão desde a defesa histórica da extensão rural no Brasil, a experiência inovadora da EMATER/RS na perspectiva agroecológica, indo até reflexões mais atuais, do período pós-Pnater de 2003. 

O segundo capítulo, trata sobre Extensão Rural e Reforma Agrária e traz dois artigos sobre a questão tecnológica nos assentamentos de reforma agrária e sobre o papel da Ater nos assentamentos. O terceiro capítulo, intitulado Agroecologia, está formado por nove artigos que abordam diferentes aspectos da Agroecologia. O quarto capítulo, sobre Desenvolvimento Rural, inclui pequenos textos para reflexão e provocação sobre aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento rural em geral. O capítulo cinco, sobre Problemas da Agricultura Convencional, também apresenta textos curtos e provocativos sobre impactos do modelo de agricultura industrial que se implantou no Brasil.

O livro pode ser adquirido, pelo valor de R$ 40,00 junto ao Núcleo de Agroecologia e Campesinato - NAC, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no térreo do Departamento de Educação.

Os interessados em adquirir o livro pelos correios, podem solicitar pelo email ladjane.caporal@gmail.com, informando Endereço e CEP. 

Posteriormente será informado ao interessado o valor total, R$ 40,00 mais o valor  de R$ 8,50 da postagem.  Este valor deve ser depositado na conta: Banco do Brasil, Agência: 3504-1 -  C/C nº 32248-2 . Feito o depósito, deve ser enviado comprovante para o mesmo email. 

Na compra de 10 exemplares haverá desconto de 10%.

Seminário Regional sobre Agroecologia na América Latina e Caribe

Promovido pela FAO, em parceria com várias organizações civis e instituições públicas, foi realizado em Brasília, de 24 a 26 de junho de 2015, o Seminário Regional sobre Agroecologia na América Latina e Caribe. O documento síntese do evento (Informe Final, FAO-Roma, 2015) está disponível AQUI.

Abaixo, transcrevemos o Anexo 2:

Recomendaciones finales del Seminario regional sobre agroecología en América Latina y el Caribe

La agroecología en la región viene siendo construida en la práctica desde hace décadas por los movimientos sociales de agricultores y agricultoras, campesinos/as, comunidades tradicionales, pueblos indígenas y originarios, pescadores y pescadoras artesanales, pastoras y pastores, colectores e colectoras. Tiene una fuerte base científica y recibe cada vez más apoyo de los gobiernos por medio de nuevas políticas públicas. Las prácticas y principios agroecológicos garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria y fortalecen la agricultura familiar.

Como resultado del Simposio Internacional sobre Agroecología para Seguridad Alimentaria organizado en septiembre de 2014 por la FAO en el marco del Año Internacional de la Agricultura Familiar, se realizó en Brasilia, del 24 al 26 de junio de 2015, el Seminario Regional sobre Agroecología en América Latina y el Caribe. en el marco del plan de Acción 2015 del Grupo de Trabajo ad hoc sobre Agricultura Familiar y desarrollo Rural de la CeLAC y la declaración Ministerial de la CeLAC sobre Agricultura Familiar, aprobada en noviembre de 2014, en Brasilia, Brasil, y ratificada en la Tercera Cumbre de Jefes de estado y de Gobierno (San José, Costa Rica, enero, 2015), declararon "apoyo para la convocatoria de un evento regional sobre agroecología para fomentar el intercambio de experiencias y la promoción de políticas de desarrollo sustentable." en el marco de la ReAF, en la xx Reunión especializada sobre Agricultura Familiar del MeRCOSUR (Caracas, venezuela, diciembre de 2013) se incorporó el tema de la agroecología en la agenda del Grupo Temático para Adaptación a los Cambios Climáticos y Manejo y Gestión de Riesgos.

Tomando en consideración la declaración de Nyeleni-Mali sobre Agroecología elaborada por los movimientos sociales de agricultores y agricultoras, campesinos/as, comunidades tradicionales, pueblos indígenas y originarios, pescadores y pescadoras artesanales, pastores y pastoras, colectores y colectoras y jóvenes. Las y los participantes del seminario de los movimientos sociales, académicos, representantes de entidades públicas de los países de América Latina y del Caribe e invitados de otras regiones, reunidos/as en este Seminario instan a los Gobiernos de la Región, a la CeLAC, a la FAO, a ReAF/ MeRCOSUR y otros organismos intergubernamentales e internacionales relevantes, a:

1. Promover políticas públicas de fomento a la agroecología y la soberanía alimentaria, definidas, ejecutadas y monitoreadas con activa participación de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada, asegurando el presupuesto necesario para su implementación.

2. Formular y ejecutar marcos legales y reglamentos favorables al avance de la agroecología para alcanzar la soberanía alimentaria.

3. Asegurar la función social de la tierra y del agua por medio de la reforma agraria, de políticas de tenencia de tierras y que garanticen los derechos territoriales de los pueblos indígenas, originarios y pueblos y comunidades tradicionales.

4. Promover la producción de alimentos adecuados y saludables y la soberanía alimentaria de la región por medio de la agroecología, reconociendo que estos sistemas permiten un uso más sustentable de la tierra, del agua y de la energía.

5. Reconocer y valorizar los conocimientos ancestrales, tradicionales, saberes locales y las identidades culturales como fundamento de la agroecología. Y que los institutos públicos de investigación respeten y valoricen los saberes tradicionales promoviendo el diálogo de saberes en sus programas de investigación participativa.

6. Fomentar dinámicas territoriales de innovación social y tecnológica por medio de la creación y/o fortalecimiento de núcleos de agroecología y en instituciones de carácter interdisciplinar e intersectorial, con capacidad de articular procesos de educación, investigación y aprendizaje.

7. Desarrollar políticas específicas que promuevan la organización productiva de las mujeres, apoyando sus iniciativas agroecológicas, fortaleciendo la superación de los obstáculos que ellas enfrentan, la sobrecarga de trabajo, la despenalización apuntando al reconocimiento de su papel histórico para la agroecología y para la soberanía alimentaria.

8. Reconocer y fomentar el rol activo de las familias y comunidades, incluyendo mujeres y jóvenes, como tutores de la biodiversidad, especialmente semillas y razas criollas. Y garantizar que los bancos públicos de germoplasma restituyan a los movimientos sociales sus recursos genéticos conectando la discusión sobre soberanía alimentaria con la discusión de protección de las semillas.

9. Construir una red regional en América Latina (plataforma de gestión mixta entre los gobiernos y movimientos sociales) de intercambio, de prácticas y de informaciones sobre agroecología que favorezca el diálogo entre academia, gobiernos y movimientos sociales.

10. Crear instrumentos que permitan la reciprocidad de los sistemas participativos de garantía entre los países de la región latino-americana promoviendo las relaciones entre productor y consumidor.

11. Incluir la agroecología como tema permanente en la agenda del grupo de trabajo sobre agricultura familiar y desarrollo rural de la CeLAC, ampliando la participación de los movimientos sociales y de la sociedad civil organizada y academia en ese GT, con apoyo de la FAO.

12. Crear un programa de intercambio sobre agroecología y semillas a partir del GT de Agricultura familiar y desarrollo rural de la CeLAC.

13. Proponer la creación de un grupo de trabajo específico en la ReAF sobre agroecología y ampliar la discusión de registros específicos de la agricultura familiar incluyendo la agroecología.

14. Crear condiciones para restringir las prácticas de monocultivos, uso de agro tóxicos, y concentración de la tierra a fin de propiciar el escalonamiento de la producción campesina de base agroecológica en la región latino-americana y caribe.

15. Apoyar iniciativas de educación formal y no formal, como las escuelas campesinas de agroecología elevando la escolaridad en el ámbito rural por medio de la formación profesional de jóvenes del campo.

16. Reconocer el papel multifuncional que la agroecología de base campesina desempeña en preservar suelos, aguas, biodiversidad y proporcionar otras funciones eco sistémicas,

garantizando la preservación ambiental de forma socialmente inclusiva y económicamente justa.

17. Asumir que los sistemas agroecológicos son más resistentes a los cambios climáticos y solicitar que se asignen recursos para el desarrollo de la agroecología, como parte de políticas climáticas que garanticen la soberanía alimentaria de los pueblos.

18. Crear mecanismos para promover la cooperación sur-sur en el tema de la agroecología en colaboración con FAO, ReAF y otros organismos internacionales y sub-regionales.

O pior desastre ambiental do Brasil conta com patrocínio oficial

Francisco Roberto Caporal

O título poderia dar a entender que vou falar do desastre de Mariana, em Minas Gerais. Reconheço, com pesar, as tristes perdas de vidas (que temos que lamentar, muito!) e o enorme impacto ambiental que continuará causando danos por anos afora. Junto com isso ainda temos que ter o desprazer de ouvir das “autoridades brasileiras” que em poucos anos tudo estará “melhor do que era” e que o Rio Doce estará “recuperado”. Ou pior, ouvir o presidente da Vale do Rio Doce dizer que em 10 anos teremos de volta as condições ambientais que foram destruíram. 

Estas especulações, oficiais ou não, só podem nos fazer rir (ou chorar), porque mostram a falta de preparo de quem tem responsabilidade direta pelo tema. Ao contrário, especialistas afirmam que não haverá recuperação dos rios atingidos, em especial do Rio Doce, em menos de 50 anos, isto é, uma geração. Quero dizer com isso, que minhas filhas, que nunca foram ao Rio Doce, jamais o conhecerão. Isto dá uma ideia do tamanho da tragédia. Mas não foram só os rios. Perdemos mangues, grandes áreas de cobertura vegetal e outras áreas que prestavam importantes serviços ambientais, hoje contaminadas ou destruídas definitivamente. Com isso, talvez tenhamos perdido, também, centenas de espécies. 

O desastre mostra, ainda, a incapacidade dos ministérios envolvidos na fiscalização e de seus departamentos, institutos, etc, que se mostraram ineficientes para gerenciar e prevenir riscos daquela monta e de entender o tamanho dos impactos. E tem gente tão despreparada tratando do assunto, que já precificaram o desastre. Imediatamente, as empresas responsáveis devem depositar 2 bilhões de reais, mas “acham” que para resolver o problema todo, o preço pode chegar a 20 bilhões. De onde estas “especialidades” tiraram estes valores? De alguma cartola, possivelmente. 

Este é mais um exemplo do lado catastrófico da gestão da natureza no Brasil. Além disso, cansa a paciência de qualquer um escutar e ler na grande mídia, repetidamente e acriticamente, a exortação desse como sendo o maior desastre ambiental do Brasil. Por favor, nos poupem! Mas não era disso que eu ia falar. O título deste texto se refere ao que eu considero, de fato, O MAIOR DESASTRE AMBIENTAL DO BRASIL – A DESTRUIÇÃO DO BIOMA CERRADO.

 

Todos nossos biomas são objeto da ação destrutiva gerada pelo modelo de desenvolvimento, de produção e de consumo que adotamos. Entretanto, o caso do Cerrado é emblemático, pela fúria com que vem sendo destruído em poucos anos e pela naturalização desse processo destrutivo como algo necessário para o “progresso”.

O Cerrado brasileiro ocupa cerca de 24% do território nacional, algo como 2.047.067 km². É o segundo maior bioma do Brasil e é a Savana com maior biodiversidade do planeta. Não bastasse, é considerado “berçário” de cerca de 20 mil nascentes, logo, importante fonte de águas doces para 12 regiões hidrográficas, cabendo destacar que é de suma importância para o abastecimento das bacias do Amazonas e do Pantanal e que vem do cerrado cerca de 90% das águas que correm para a bacia do São Francisco. Trata-se, portanto, de uma “cisterna” que abastece cerca de 1.500 cidades, de 11 estados brasileiros.

Segundo algumas fontes, o Cerrado abriga (ou abrigava) nada menos do que 12.000 espécies de plantas, 199 espécies de mamíferos, 837 espécies de aves, 180 espécies de répteis, 150 espécies de anfíbios, 1200 espécies de peixes e 67000 espécies de invertebrados. Considerando que no Cerrado temos apenas 2,85% do bioma como Unidade de Conservação Permanente Integral (UCPI) e somente 5,6% do território como Unidade de Conservação de Uso Sustentável e que muitas das espécies acima referidas têm seus habitats fora destas áreas de preservação é óbvio afirmar que os riscos de extinção são eminentes. Só não vê quem não quer ver, ou tem outros interesses que não a proteção da natureza. 

Pois bem, dias atrás a ministra do MEIO ambiente (parece que é só MEIO mesmo) festejou que só metade do Cerrado foi destruído até agora. Pode? Outro ministro, na ocasião o da agricultura, em março de 2011, chegou a dizer à imprensa que a expansão da fronteira agrícola nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e oeste da Bahia “não teria impacto ambiental nenhum”, pois “lá não tem nada, só cerrado”.

Isso nos dá uma ideia do descaso das autoridades para com os impactos que o modelo de desenvolvimento rural/agrícola brasileiro vem causando neste bioma. Em geral, quando se fala de desmatamento, as autoridades se referem à Amazônia, pois ela está aos olhos do mundo, mas esquecem dos demais biomas, que estão sendo objeto de grande pilhagem ambiental. Enquanto isso, em 40 anos, cerca de 50% do Cerrado já foi destruído. Talvez não haja exemplo igual no mundo. 

Há registros da presença de populações tradicionais no Cerrado que datam de cerca de 15 mil anos, não obstante, a destruição mesmo começou nos anos 50 e se tornou diabólica a partir dos anos 60-70. Mas não foi sem o apoio governamental que se consolidou este processo danoso de destruição. Pois a ocupação não teria tido o mesmo rumo e, talvez, o mesmo poder destrutivo se não fosse a oferta de crédito rural subsidiado, assistência técnica gratuita, ensino de ciências agrárias dominado pelo modelo da Revolução Verde e as pesquisas científicas de a Embrapa. Tudo dinheiro público para impulsar a destruição.

A maioria dos políticos e cientistas se orgulham por terem criado as condições de ocupar o Cerrado e se jaculam por ser o bioma o segundo maior produtor agrícola/pecuário do país. A pergunta que não quer calar é a seguinte: para produzir o que? Para quem?  E a que custo ambiental e social?

Assim como ocorreram mortes causadas pelo desastre de Mariana, no processo de ocupação/destruição do Cerrado ela ocorrem em proporções MUITO MAIORES. Os registros de mortes de indígenas, camponeses, pequenos agricultores que lutam por suas terras estão por toda parte. Também é enorme e frequentemente divulgada a expulsão destes povos das suas terras, pelo avanço dos produtores de cana-de-açúcar, soja, algodão, milho, eucalipto e de pecuária extensiva. Tudo isso, sob o olhar das autoridades. O mesmo ocorre com os geraizeiros, quilombolas, vazanteiros, sertanejos, ribeirinhos e outros povos tradicionais. Há maior contradição do que dar o Bolsa Família e ao mesmo tempo apoiar um modelo que os expulsa a gente do campo. 

Os subsídios ao crédito, as pesquisas de órgão oficiais e a assistência técnica gratuita, continuam. Enquanto isso, a atual ministra da agricultura festeja a famosa nova região de fronteira agrícola (MATOPIBA) e, desta forma, a destruição com apoio oficial se aprofundará.

Há municípios no Cerrado que, segundo dados oficiais, chegaram a desmatar mais de 90% de seus territórios. Há pesquisas que mostram o enorme assoreamento dos rios devidos aos processos erosivos e perda das matas ciliares. Os lençóis freáticos estão baixando. Fontes estão secando. A contaminação por agroquímicos chega às raias do absurdo. Há pesquisas que mostram a presença de agrotóxicos na água da chuva, em poços de escolas e até no leite materno. Isso tudo é o que se chama de progresso no Cerrado. Enquanto poucos enriquecem e o governo junta algo para seu balanço de pagamentos (dinheiro afinal malgastado), todos os demais brasileiros têm que pagar a conta e as futuras gerações perdem ainda mais.

Quando vamos parar de financiar a destruição do Cerrado e tudo de danoso que está associado a ela. Será que a sociedade brasileira não deveria ser consultada para dizer se quer ou não que este modelo continue.

Segundo os últimos informes a que tive acesso, em torno de 57% do Cerrado ainda está em pé. Quer dizer, cerca de 1 MILHÃO de Km² já foram destruídos em cerca de 40 anos. Grande parte do que resta está muito dispersa, em fragmentos. Talvez menos de 20 a 30% ainda esteja intacto. Quem sabe, salvar estes 30%? Segundo alguns estudiosos do Cerrado, se continuar tudo como anda acontecendo, em 2030 o Cerrado deixará de existir como tal. Quer dizer, o bioma Cerrado deixará de ser estudado em biologia, geografia ou outras disciplinas. Passará a ser estudado na disciplina de história. Era uma vez...

É preciso fazer algo, denunciar, lutar. Mas o que não pode continuar, mesmo, é o dinheiro dos impostos pagos pela sociedade continuar sendo usado para financiar este que é o MAIOR DESASTRE AMBIENTAL do Brasil.

Se os governos colocassem todos os recursos que financiam a destruição socioambiental em curso no Cerrado, para apoiar um grande processo de transição agroecológica, possivelmente ainda poderíamos recuperar parte do estrago já feito e avançar na direção de um processo sócioambientalmente mais equilibrado. As futuras gerações agradeceriam muito.

Mudanças climáticas: hora de (re)agir

 Heitor Scalambrini Costa

Professor da Universidade Federal de Pernambuco

O maior e mais completo estudo já realizado sobre impactos da mudança climática no Brasil foi divulgado no final de outubro. Trata-se do “Brasil 2040 – Alternativas de Adaptação às Mudanças Climáticas”, encomendado pela Secretaria de Estudos Estratégicos da Presidência da República a grupos de pesquisa do país.

O trabalho buscou estudar e conhecer melhor como o clima poderá variar no Brasil nos próximos 25, 55 e 85 anos, de forma a fundamentar, e assim apoiar políticas públicas de adaptação em cinco grandes áreas: saúde, recursos hídricos, energia, agricultura e infraestrutura (costeira e de transportes).

As revelações apontadas pelos modelos de simulação utilizados no estudo mostram, em todos os cenários, que em 2040 o país será mais quente e mais seco. As temperaturas médias nos meses mais quentes do ano podem subir até 3^oC em relação às médias atuais no Centro-Oeste. A região Sul tende a ficar mais chuvosa, enquanto o Sudeste, o Centro-Oeste e partes do Norte e Nordeste teriam reduções de chuvas, em especial nos meses de verão, diminuindo assim a disponibilidade de água no semiárido.

Um dos efeitos dramáticos será a redução na vazão dos rios que abastecem a maior parte da população brasileira. No melhor cenário, vários rios de Minas Gerais, São Paulo, Goiás, Tocantins, Bahia e Pará terão reduções de vazão de 10% a 30%, no melhor cenário Além da água para abastecimento humano e animal, as hidroelétricas sofrerão uma redução na produção de energia. As mais importantes usinas do País – Furnas, Itaipu, Sobradinho e Tucuruí – teriam reduções de vazão de 38% a 57% no pior cenário.

Daí surge à necessidade de definição urgente sobre questões relacionadas ao planejamento da matriz energética. Definitivamente é um ponto de interesse de toda sociedade brasileira, e não pode mais ser decidido por um pequeno grupo de pessoas que atualmente compõem o Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Os problemas decorrentes das decisões tomadas por este grupo, formado majoritariamente por ministros de Estado, refletem em toda sociedade brasileira. E ela, mais do que nunca exige participar e decidir sobre a política energética a ser adotada.

Fica claro que a melhor maneira de adaptar as mudanças climáticas é reduzindo emissões dos gases de efeito estufa, em particular o CO₂. Assim é preciso aumentar em muito a eficiência energética (completamente negligenciada pelo poder público), usar mais as fontes renováveis de energia, de modo a reduzir a dependência de termelétricas fósseis e de hidrelétricas, e cobrar um preço pelas emissões de carbono dos setores que mais emitem.  Sem contar com o afastamento definitivo de nosso território desta perigosa e cara opção, as usinas nucleares.

No atual contexto já vivenciamos uma crise hídrica que atinge as diferentes regiões do país, em maior ou menor grau. No Nordeste a situação é dramática diante da quantidade de água acumulada nos reservatórios. Tomando como exemplo um dos maiores lagos artificial do mundo, o de Sobradinho com 828 km² de área e 32.200 km³ de água, seu volume de armazenamento atingiu em 12/11 o correspondente a 5,4% do total. Com a cota de água atingindo 381,44m, praticamente o limite para a produção de energia.

Enquanto os cientistas apontam em suas pesquisas, nos estudos que realizam a necessidade urgente de diminuir as emissões dos gases de efeito estufa, evitando assim o aumento médio da temperatura do planeta, e todas suas consequências, os governantes agem como avestruzes diante das evidências.  Em Pernambuco não é diferente.

Sabemos que a hidrologia florestal trata das relações entre as florestas, matas e a água, abordando a influência que causam sobre o ciclo hidrológico, e também como a principal salvaguarda dos mananciais de água, garantindo as vazões dos rios, e assim água para as necessidades humanas e animais, além dos usos na agricultura, na indústria, no fornecimento de energia.  Portanto é inquestionável sua importância, tanto no âmbito ambiental, social e econômico. Logo, as más utilizações dos recursos ambientais ocasionam sérios problemas na biota, que consequentemente compromete a qualidade de vida, assim como, influencia o clima e os ciclos biogeoquímicos em uma dada região.

Todavia em Pernambuco, nos últimos 9 anos tem sido fato corriqueiro o desmatamento desenfreado dos vários biomas, da caatinga, aos resquícios da Mata Atlântica existente, da restinga e dos manguezais. Dados oficiais apontam que no período 2007 a 2015 foram aprovadas 51 leis autorizando a supressão de 5.034 ha de vegetação nativa em área de proteção permanente (APP) para empreendimentos privados e públicos, de forma totalmente irresponsável do ponto de vista ambiental, sem qualquer discussão mais aprofundada na Assembleia Legislativa, onde o Governo tem total maioria.  

Mesmo as leis aprovadas de supressão exigir as compensações de plantio, muitas vezes é feitas em local distante do dano, são definidas em acordos escritos sobre os quais não há fiscalização acerca do cumprimento. Restam simplesmente as afirmativas dos gestores públicos sem nenhuma comprovação.

Achando pouco, o próprio Governo do Estado suprimiu a exigência legal do Estudo de Impacto Ambiental (e com ele as audiências públicas) para a supressão nas APP`s, especialmente para favorecer empreendimentos que alegam serem de interesse público. Com isso em muitas áreas o risco é grande de atingir as nascentes de riachos que são os afluentes de bacias hidrográficas importantes para o abastecimento de água. Em particular as áreas riscos são os “brejos de altitude”, encontrados no Agreste e no Sertão pernambucano.

Estas áreas de altitudes elevadas são as mais ambicionadas para os projetos de aproveitamento da energia dos ventos. Em consonância aos interesses dos “negócios das eólicas”, o governo de Pernambuco, sem nenhuma precaução e cuidado, atraem os empreendedores com um conjunto de incentivos e benefícios, como a desobrigação de apresentarem Estudo de Impacto Ambiental e autorização legal para desmatar essas áreas.  Parques eólicos com dezenas e centenas de aerogeradores estão sendo autorizados a se instalarem em áreas de preservação permanente, áreas de mananciais. 

Esta irresponsabilidade ambiental acarretará a remoção da cobertura vegetal, e assim agravará a crise hídrica no Estado. Em torno de 20% do total autorizado para desmatamento, nestes últimos anos foi para atender a instalação dos parques eólicos. Logo, o discurso do ambientalmente correto, ao considerar a energia eólica uma “fonte limpa” esconde práticas socioambiental injustas. 

Outra situação que merece destaque é o polo de termoelétricas a combustíveis fósseis que já estão instaladas, ou que foram anunciadas. Todas elas concentradas no Complexo Industrial Portuário de Suape - CIPS (Termope com 520 MW a gás natural, Suape II de 380 MW a óleo combustível, Novo Tempo, recém-anunciada a gás natural liquefeito com 1.238 MW, a termelétrica da Petrobras para servir a Refinaria Abreu e Lima de 200 MW a óleo combustível). Além da termelétrica a óleo diesel Termomanaus e Pau Ferro I construídas na Área de Preservação Ambiental Aldeia-Beberibe com 240 MW (576 motores instalados). Grandes emissores de gases de efeito estufa tais termoelétricas somam uma potência instalada em torno de 2.600 MW. 

Estima-se que se todas estas termoelétricas estiverem funcionado conjuntamente as emissões de CO₂ atingirá a soma de 25.000 tonelada/dia, ou 750.000 toneladas/mês, ou ainda aproximadamente 9 milhões toneladas/ano. Uma significativa contribuição às emissões regionais de gases de efeito estufa.

Portanto, entre o discurso e a prática dos governantes pernambucanos vai uma diferença abismal. Enquanto sem nenhuma consequência prática promovem seminários internacionais, discursam sobre as mudanças climáticas; subtraem as reais informações para a sociedade, e agem sorrateiramente contra o meio ambiente, a vida. Comprometem assim a qualidade de vida das gerações presente e futuras, que no final das contas é quem pagará pelos desmandos destes mesmos governantes.

Poluir mais como propõe o governo de Pernambuco, não vai resolver as questões de emprego e renda, Só torna a população mais pobre e doente. Chegou a hora da sociedade pernambucana (re)agir.